Tras 14 dรญas internado, el รบltimo 26 de diciembre, falleciรณ el periodista Mitzar Bato Castillejos Tenazoa. Es el segundo comunicador asesinado este mes y el cuarto en lo que va del 2025.
Al crimen de Castillejos, ocurrido en la ciudad de Aguaytรญa (Ucayali), le antecede el de Fernando Nรบรฑez Guevara (La Libertad), Gastรณn Medina (Ica) y Raรบl Celis (Iquitos). A este grupo se suman los ataques contra Anthony Rumiche (Callao, Lima), Carlos Mesรญas Zรกrate, (Huaral, Lima) y Carlos Alarcรณn (Loreto).
El Instituto de Prensa y Sociedad (YPS) considerรณ que se trata de โun aรฑo nefasto para la prensa en Perรบโ, mientras que Reporteros Sin Fronteras (RSF) llamรณ la atenciรณn a las autoridades para la pronta investigaciรณn tanto de los asesinatos como de los ataques perpetrados. โLa inacciรณn alimenta la impunidad y deja a la prensa regional โel sector que mรกs investiga y que estรก mรกs expuestoโ a merced de quienes buscan silenciarlaโ, indicรณ Artur Romeu de RSF America Latina, en un comunicado.
Impunidad en los asesinatos de 4 periodistas este 2025
Inacciรณn e impunidad es justamente lo que se observa en los cuatro asesinatos.
Gastรณn Medina (60), quien se desempeรฑaba como periodista, locutor y director del canal regional Cadena Sur TV en Ica, fue asesinado el 20 de enero de este aรฑo.
El 2022 habรญa sido vรญctima de amenazas. Recibiรณ un sobre con una bala, en febrero de ese aรฑo, y el medio donde trabajaba fue atacado con explosivos en septiembre. En ambas ocasiones, los ataques se realizaron tras la publicaciรณn de presuntos actos de corrupciรณn en la localidad.
La Fiscalรญa Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ica y Caรฑete iniciรณ una investigaciรณn del caso y logrรณ, en mayo, que se dicte nueve meses de prisiรณn preventiva contra Pablo Javier Echevarrรญa, presunto asesino del periodista. Pese a ello, no hay nuevos avances del caso.
Tiempo despuรฉs, el 7 de mayo de 2025, Raรบl Celis Lรณpez (70), periodista y locutor radial de Radio Karibeรฑa en Iquitos (Loreto), fue asesinado a tiros por sicarios mientras se dirigรญa a su centro de trabajo.
El ataque sucediรณ cerca de las 5.30 a.m. en una zona cรฉntrica de Iquitos, cuando dos desconocidos en motocicleta interceptaron el mototaxi en el que viajaba Celis y le dispararon varias veces, impactando directamente en la cabeza.
El proceso se encuentra en etapa preliminar y comprende la declaraciรณn del conductor del mototaxi en el que se desplazaba la vรญctima, la revisiรณn de cรกmaras de seguridad y la toma de declaraciones de testigo. Tampoco hay un culpable.
Un escenario similar es el del asesina del periodista Fernando Nรบรฑez Guevara, director del medio digital Kamila Noticias y secretario de Actas de la Asociaciรณn Nacional de Periodistas del Perรบ (ANP), filial Chepรฉn, quien fue asesinado a balazos el 6 de diciembre รบltimo en la provincia de Pacasmayo.
El comunicador regresaba de una cobertura periodรญstica junto a su hermano, viajando en una motocicleta lineal por la carretera Panamericana Norte, cuando fueron atacados. Fernando falleciรณ al instante, mientras que su hermano resultรณ herido.
La PNP y el Ministerio Pรบblico aperturaron una investigaciรณn; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado un mรณvil claro del crimen ni se ha informado sobre la captura de los responsables.
Finalmente, en el caso de Mitzar Bato Castillejos Tenazoa fue disparado por dos sujetos el 12 de diciembre รบltimo cuando salรญa de su domicilio rumbo a conducir su programa informativo en Radio Latรญn Plus. Tras el atentado, fue llevado al centro de salud en Aguaytรญa, luego al hospital de Tingo Marรญa y, posteriormente, al hospital Marรญa Auxiliadora en Lima.
La Asociaciรณn Nacional de Periodistas del Perรบ (ANP) exige a las autoridades celeridad para identificar a los responsables del crimen.
Intentos de censura contra la prensa
Sumado a los ataques fรญsicos contra los periodistas, desde el Congreso y Ejecutivo tambiรฉn se impulsan acciones que afectan el ejercicio de la profesiรณn.
El 14 de abril del 2025, la entonces presidenta Dina Boluarte promulgรณ la Ley N.ยบ 32301, norma que otorga al Estado facultades de control previo sobre los medios que reciben financiamiento de la cooperaciรณn internacional, al exigir que sus investigaciones, proyectos o actividades sean previamente aprobadas por la Agencia Peruana de Cooperaciรณn Internacional (APCI).
La ley impone โde manera inconstitucional y bajo la amenaza de sanciones severasโ que todas las organizaciones se registren obligatoriamente en la APCI. Ademรกs, utiliza conceptos ambiguos como โparticipaciรณn en polรญtica internaโ o โconductas que alteren el orden pรบblicoโ, lo que permite que la norma se aplique de forma discrecional contra cualquier medio crรญtico del gobierno.
Posteriormente, en octubre, ya bajo el mandato de Josรฉ Jerรญ, el Ejecutivo solicitรณ al Congreso facultades legislativas para ejecutar normas en pro de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Una de ellas es la creaciรณn del delito de revelaciรณn de informaciรณn reservada relacionadas a investigaciones penales y actuaciones policiales. Una norma que, en la prรกctica, criminalizarรญa la difusiรณn de informaciรณn de interรฉs pรบblico y censurarรญa a la prensa, de acuerdo con la Asociaciรณn Nacional de Periodistas (ANP).
Si bien desde el Ejecutivo han asegurado que no se busca afectar a la prensa, desde la ANP consideran que la iniciativa va directamente contra el periodismo de investigaciรณn porque ยซcriminaliza la difusiรณn de informaciรณn de interรฉs pรบblico y constituye censura y persecuciรณn de fuentes reservadas. Atentando, ademรกs, con el secreto profesionalยป.
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